Plenário aprova julgamento por grupo
de juízes em ações contra crime organizado
Com o objetivo de
evitar ameaças e pressões a juízes federais por todo o país, o Senado aprovou,
nesta quarta-feira (9), em turno suplementar, o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
3/10, que autoriza a formação de um colegiado de magistrados para decidir sobre
atos processuais que envolvam organizações criminosas.
O projeto, aprovado
em primeiro turno no Senado no final de abril do ano passado, volta à Câmara
dos Deputados, por ter sofrido modificações.
A proposta aprovada
nesta quarta permite que um juiz forme um colegiado para deliberar sobre atos
como decretação de prisão provisória e sentença sempre que o crime em questão
tenha sido cometido por organizações criminosas.
O Brasil registra
vários casos de juízes mortos ou sob proteção policial devido a retaliações do
crime organizado a sua atuação em processos penais. Daí a idéia de evitar que
as decisões não sejam personalizadas.
Pela proposta, o novo
colegiado será formado pelo juiz do processo e outros dois escolhidos por
sorteio eletrônico, entre aqueles com competência criminal e que atuam no
primeiro grau de jurisdição. Suas reuniões poderão ser sigilosas, sempre que
houver risco de que a publicidade possa prejudicar a eficácia da decisão
judicial.
Apresentado
originalmente à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)
da Câmara dos Deputados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe),
o projeto ganhou substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
elaborado pelo relator na CCJ, senador Alvaro Dias (PSDB-PR).
Uma das alterações
apresentadas no substitutivo foi a inclusão do conceito de organização
criminosa, definida como "associação, de três ou mais pessoas,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou
superior a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional".
Derecho difícil para las organizaciones
Pleno aprueba jueces de primera instancia en las acciones contra el crimen organizado
Con el fin de evitar las amenazas y las presiones sobre los jueces federales de todo el país, el Senado aprobó, el miércoles (9), en el turno adicional, Bill Hall (PLC) 3/10, que autoriza la formación de un colegio de magistrados para pronunciarse sobre los actos procesales relacionados con organizaciones criminales.
El proyecto, aprobado en la primera ronda en el Senado a finales de abril del año pasado, vuelve a la Cámara de Representantes, después de haber sido modificado.
La propuesta aprobada el miércoles permite a un juez para formar un consejo a los actos deliberados como la declaración de la detención preventiva y la pena cuando el delito en cuestión fue realizado por las organizaciones criminales.
Brasil ha demostrado varios casos de muertos o jueces bajo protección policial debido a las represalias del crimen organizado a su papel en el proceso penal. De ahí la idea de garantizar que las decisiones no son personalizados.
Según la propuesta, la colegiata de nuevo estará formado por el juez de primera instancia y dos e otros elegidos al azar, entre los que tienen la jurisdicción penal y trabajó en el primer grado de jurisdicción. Sus reuniones serán confidenciales, cada vez que hay un riesgo de que la publicidad pudiera perjudicar la eficacia de la decisión judicial.
Originalmente presentado a la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH) de la Cámara de Representantes de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), el proyecto ganó sustituir a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, elaborado por el ponente en la CCJ, el senador Alvaro Dias (PSDB-PR).
Una de las enmiendas en el sustituto fue la inclusión del concepto de organización criminal, definida como "una asociación de tres o más personas, ordenadas y caracterizado estructuralmente por la división del trabajo, aunque de manera informal, con el fin de obtener, directa o indirectamente, una ventaja de cualquier naturaleza, por la comisión de delitos cuya pena máxima sea igual o superior a cuatro años o que sean de carácter transnacional. "
Pleno aprueba jueces de primera instancia en las acciones contra el crimen organizado
Con el fin de evitar las amenazas y las presiones sobre los jueces federales de todo el país, el Senado aprobó, el miércoles (9), en el turno adicional, Bill Hall (PLC) 3/10, que autoriza la formación de un colegio de magistrados para pronunciarse sobre los actos procesales relacionados con organizaciones criminales.
El proyecto, aprobado en la primera ronda en el Senado a finales de abril del año pasado, vuelve a la Cámara de Representantes, después de haber sido modificado.
La propuesta aprobada el miércoles permite a un juez para formar un consejo a los actos deliberados como la declaración de la detención preventiva y la pena cuando el delito en cuestión fue realizado por las organizaciones criminales.
Brasil ha demostrado varios casos de muertos o jueces bajo protección policial debido a las represalias del crimen organizado a su papel en el proceso penal. De ahí la idea de garantizar que las decisiones no son personalizados.
Según la propuesta, la colegiata de nuevo estará formado por el juez de primera instancia y dos e otros elegidos al azar, entre los que tienen la jurisdicción penal y trabajó en el primer grado de jurisdicción. Sus reuniones serán confidenciales, cada vez que hay un riesgo de que la publicidad pudiera perjudicar la eficacia de la decisión judicial.
Originalmente presentado a la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH) de la Cámara de Representantes de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), el proyecto ganó sustituir a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, elaborado por el ponente en la CCJ, el senador Alvaro Dias (PSDB-PR).
Una de las enmiendas en el sustituto fue la inclusión del concepto de organización criminal, definida como "una asociación de tres o más personas, ordenadas y caracterizado estructuralmente por la división del trabajo, aunque de manera informal, con el fin de obtener, directa o indirectamente, una ventaja de cualquier naturaleza, por la comisión de delitos cuya pena máxima sea igual o superior a cuatro años o que sean de carácter transnacional. "
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